Jornada contra el préstamo de pago en bibliotecas
Guadalajara, 20-21 de febrero de 2004
Intervención de Pilar Aldanondo Ochoa
Directora del Departamento de Cultura, Educación, Juventud y Departes de la FEMP
En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores de este encuentro que hayan invitado a la FEMP a participar y aportar su contribución a este debate que afecta de lleno a los servicios culturales y educativos municipales. Si he comprendido bien, se trata de opinar sobre el posible cobro de un canon por el préstamo bibliotecario, cobro que se podría detraer de los propios fondos destinados a las bibliotecas o de los usuarios de las mismas.
Dado que las Comisiones de Educación y de Cultura de la FEMP del mandato 2004-2007 no se han reunido todavía y no han tenido la oportunidad de volver a examinar los problemas que pudieran plantear a las bibliotecas las próximas modificaciones del vigente Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, mi referencia va a ser escueta y se va a apoyar en las reflexiones que se produjeron en el anterior mandato de las Corporaciones Locales (1999-2003).
Antes de entrar en materia deseo trasmitiros a todos los participantes en este encuentro que la FEMP se pronunciará lo antes posible ante este problema y que, mientras tanto, yo solo puedo avanzaros unas líneas generales de las reflexiones y actuaciones hasta la fecha realizadas, sesgadas por mi propia opinión personal.
También quiero deciros que hoy en día los Ayuntamientos son los que más invierten en cultura en España (datos de la Fundación Autor), más que la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas juntas, y sostienen, en colaboración con cada Comunidad Autónoma, y en algunos casos con cargo exclusivo a sus propios recursos, la mayor parte de las bibliotecas abiertas y en funcionamiento.
El debate y las reacciones suscitadas por el Anteproyecto de Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (versión de 23 de enero de 2003) han casi coincidido con el periodo electoral de mayo de 2003, es decir, con un momento de transición en los órganos de la FEMP, que cada cuatro años se produce entre dos mandatos sucesivos de las Corporaciones Locales.
Sin embargo, tanto las alegaciones elaboradas por FESABID como el contenido del "Manifiesto a favor del préstamo público" han sido conocidos por muchos Alcaldes y Concejales miembros de nuestras comisiones y por los técnicos de la FEMP. De hecho, y tal y como han informado otros oradores, miembros de la Comisión Ejecutiva de la FEMP ya se han pronunciado en contra de cualquier tipo de cobro por los servicios de préstamo en bibliotecas. Os puedo avanzar, por tanto, que tanto los responsables políticos como los técnicos de la FEMP compartimos, en sus líneas generales, el espíritu y la letra del Manifiesto a favor del préstamo público elaborado por FESABID y remitido a la FEMP en este interregno. Pero, son las Comisiones sectoriales, fundamentalmente las de Cultura y Educación, y la propia Comisión Ejecutiva de la FEMP, quienes están llamadas a pronunciarse ante esta posible modificación de las condiciones en que se realiza el préstamo bibliotecario, y esperamos que este pronunciamiento se pueda producir antes del verano.
Entre tanto, quiero hacer referencia a un documento elaborado y aprobado por unanimidad por la Comisión de Cultura de la FEMP el pasado año, que será pronto desarrollado y difundido a las Corporaciones Locales, y en el que deberíamos también introducir una referencia clara al asunto que aquí nos trae. Se trata del documento titulado "Pautas para la cooperación institucional en materia de Cultura, del cual entresaco lo siguiente del capítulo dedicado a Lectura pública y acceso a la información :
"La biblioteca pública, el único servicio cultural obligatorio para la Administración Local establecido por la LRBRL, aparece como un instrumento estratégico de la política cultural y educativa municipal, que está llamado a cumplir dos funciones básicas: garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información de forma cualificada y colaborar en el proceso individual de transformar esa información en conocimiento. La biblioteca pública, en su faceta de centro local de información, ha de ejercer un protagonismo creciente en la democratización del conocimiento, con independencia de su cometido inicial de promoción y animación a la lectura. Para ello ha de desarrollar los servicios que presta, con especial atención a las nuevas tecnologías de la información. (..) Deben mantenerse, e incluso incrementarse, los esfuerzos por ellas destinados al fomento de la lectura en todo tipo de soportes y materiales, ya que es en la dimensión local y la proximidad donde con mayor eficacia se desarrollan las campañas de promoción del hábito lector".
En otro apartado de este documento de la FEMP se dice: "La programación cultural de las Corporaciones Locales considerará como estrategia prioritaria la democratización de la Cultura, el fomento de la creatividad y del ocio creativo, el arraigo de la diversidad cultural y la creación de nuevos públicos y participantes, especialmente entre la población infantil, juvenil y los grupos desfavorecidos".
La biblioteca pública, entendida en su sentido más amplio, es, por tanto, el principal servicio público cultural de las Corporaciones Locales, y debe seguir siendo potenciado por todas las administraciones públicas y mantener su carácter totalmente gratuito para los usuarios.
En la otra vertiente de este problema, todos los poderes públicos deben velar por el respeto a la propiedad intelectual y porque los autores sean dignamente remunerados por sus obras. Al autor no solo hay que colmarle de honores por su obra, también hay que ayudarle a subsistir gracias a su trabajo.
Sería un error enfrentar el derecho al acceso a la cultura que asiste a todos los ciudadanos con el derecho de los autores a la justa retribución por sus obras. Por ello, convendría no restar sino sumar esfuerzos y complicidades entre todos los colectivos que contribuyen a la riqueza cultural del país, sean creadores, editores, bibliotecarios, libreros, etc. No se trata de contraponer intereses sino de buscar un justo equilibrio en aras del bien común. Se trata, por tanto, de incrementar el esfuerzo económico cultural y el esfuerzo dedicado por todos los poderes públicos a mantener los servicios públicos bibliotecarios, sin detraerles recursos en nombre del derecho de autor. Conviene no que equivocar los términos de este debate.
Desde la FEMP tenemos que dejar constancia de que la biblioteca pública es el único servicio cultural obligatorio para la Administración Local, establecido por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985, y ratificado y apoyado por las Comunidades Autónomas en sus legislaciones sectoriales. Este servicio público se presta sin costes para el usuario (excepto los derivados de sus impuestos) y así debiera mantenerse.
Las Corporaciones Locales y todos los poderes públicos en general comparten el deber de democratizar la cultura y de promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que todos los ciudadanos tienen derecho (art. 44. 1.)
La mejor manera de cumplir con este mandato es garantizando unos servicios culturales de proximidad, de acceso universal, entre los cuales la biblioteca pública, entendida en su sentido más amplio, es, o debiera ser, el instrumento estratégico principal de las políticas culturales locales. Es importante que ello sea bien entendido por todos los agentes implicados, tanto los pertenecientes a las Corporaciones Locales (Alcaldes, Concejales, técnicos, bibliotecarios, interventores, etc.) como los autores, editores, libreros, entidades gestoras de derechos de propiedad intelectual y, en general, todo el sector de la creación y la producción cultural.
Sería muy saludable aprovechar el debate suscitado por la revisión de la Ley de Propiedad Intelectual y su texto refundido para buscar una solución común que redunde en beneficio del nivel cultural general, sin detraer recursos del sistema público de apoyo a la lectura y sin penalizar a los autores, a quienes les asiste el derecho de ver justamente retribuido su trabajo.
Pilar Aldanondo Ochoa
paldanondo@femp.es
